Devastador informe de Human Rights Watch sobre la escasez en Venezuela

“Carlos Sánchez”, prefiere guardar su verdadero nombre. Es empleado estatal en Venezuela. Tiene 33 años y fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en octubre de 2015. Para su primera operación, tuvo que comprar y llevar al hospital medicamentos e insumos, incluidos analgésicos, antibióticos y soluciones salinas. Sandra Silva, de 33 años, es madre de un niño pequeño que sufre frecuentemente fiebre alta y convulsiones, y durante más de un año no ha podido comprar acetaminofén ni paracetamol, en Táchira.

Desde mediados de 2014, los padres de Carol Jiménez, una nena de 9 años con diabetes de Valencia, han tenido enormes dificultades para encontrar insulina que permita controlar su nivel de azúcar en sangre y tiras reactivas para medir estos niveles… y los casos siguen. Los venezolanos hoy no solo sufren por la escasez de medicamentos esenciales sino que además son perseguidos por criticar el desabastecimiento. Así lo denuncia un extenso informe de Human Rights Watch (HRW), bajo el titulo “Crisis humanitaria en Venezuela: La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos”, difundido hoy.

La organización defensora de los derechos humanos advierte además que “los gobiernos regionales deberían ejercer presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro para que adopte medidas inmediatas que aborden adecuadamente la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país”.

El informe de 73 páginas documenta que la escasez ha generado enormes dificultades para que muchos venezolanos puedan obtener atención médica esencial o cubrir las necesidades básicas de su familia. Según HWR, el gobierno venezolano le ha restado importancia a la gravedad de la crisis. Aunque sus propias acciones para reducir la escasez no han tenido resultados satisfactorios, ha realizado gestiones limitadas para conseguir ayuda humanitaria internacional que podría estar disponible inmediatamente. A su vez, ha intimidado y castigado a críticos, incluidos profesionales de la salud, defensores de derechos humanos y ciudadanos de a pie que cuestionaron el desabastecimiento.

“El gobierno venezolano se ha esmerado más en negar que existe una crisis humanitaria, que en trabajar para resolverla”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.“Su inacción ha contribuido al sufrimiento de muchísimos venezolanos, para quienes es muy difícil obtener acceso a atención de salud básica y a una nutrición adecuada”.

HRW recuerda que el gobierno venezolano ha negado enfáticamente que la situación de escasez tenga las proporciones de una crisis. En aquellas ocasiones en que las autoridades admitieron que existe escasez, han sostenido que se debe a una “guerra económica” librada por la oposición política, el sector privado y gobiernos extranjeros. El gobierno no ha aportado evidencias para sustentar estos señalamientos, agrega.

Para realizar su informe, Human Rights Watch entrevistó a más de 100 personas sobre la situación humanitaria en junio de 2016 en Caracas, la capital del país, y en seis estados —Aragua, Carabobo, Lara, Táchira, Trujillo y Zulia— y realizó entrevistas de seguimiento por teléfono y otros medios. Los representantes de Human Rights Watch además visitaron ocho hospitales públicos, un centro de salud en la frontera con Colombia y una fundación que brinda atención de salud. Asimismo, entrevistó a personas que hacían colas en varios lugares para intentar comprar productos sujetos a control de precios, así como a proveedores de la salud, personas que procuraban recibir atención médica, personas que habían sido detenidas en relación con protestas por el desabastecimiento, defensores de derechos humanos y expertos en salud pública.

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