El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de sancionar, el 19 de marzo, a la minera estatal CVG Minerven y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo Mata, por «las ilícitas operaciones auríferas que continuaron apuntalando el régimen ilegítimo del ex presidente Nicolás Maduro».
La declaración del Departamento dice que las actividades de Minerven no sólo han sostenido económicamente al dictador, sino que también han contribuido a la crisis financiera, humanitaria y ambiental del país. Minerven es en realidad una tapadera para las bandas criminales de extracción de oro que imponen los métodos de terror de las prisiones venezolanas a los ciudadanos inocentes y a los mineros.
¿Por qué las fuerzas militares no se enfrentan a estas bandas? Porque trabajan en equipo. Un largo proceso de colapso del Estado condujo a la alianza entre el régimen y estas organizaciones criminales. Cinco planes gubernamentales para controlar toda la producción nacional de oro fracasaron en 12 años (2003 – 2014), con intentos de prohibir toda actividad minera en el sur de Bolívar, incluso para las comunidades indígenas que han practicado la minería artesanal durante años con un impacto ambiental mínimo.
Cuando la CVG Minerven pasó de producir 4.261,3 kg en 2009 a 430,74 kg en 2015, según cifras oficiales, Maduro decretó en 2016 la creación del «Área Estratégica Nacional de Desarrollo del Arco Minero del Orinoco», que comprende 111.843,70 km2. La explotación del Arco Minero intensificó la actividad delictiva en torno a la extracción ilegal de oro y multiplicó los problemas ambientales.
Oro de sangre
La debilidad del Estado intensificó la situación. La caída de los precios del petróleo, la quiebra técnica de las empresas básicas de Guayana y de Minerven, y el desplazamiento de comunidades indígenas y mineros ilegales durante la instalación de empresas mineras transnacionales, llevaron al régimen a reclutar bandas criminales para explotar el territorio a cambio de impunidad y beneficios económicos. Nació un ecosistema de beneficio mutuo: las pandillas extrajeron oro y los soldados cobraron sobornos, aunque no sin enfrentamientos como el de la Masacre de Tumeremo de 2016, una de las 47 masacres reportadas en la región desde 2006.
Minerven es en realidad una tapadera para las bandas criminales de extracción de oro que imponen los métodos de terror de las prisiones venezolanas a los ciudadanos inocentes y a los mineros.
Parte del oro extraído por los delincuentes va al Estado a través de la CVG Minerven y de allí al Banco Central de Venezuela (BCV). Por eso el legislador Américo de Grazia dice que Minerven es una fachada para «lavar oro de sangre», como en África Occidental.
De Grazia dice que puede probar que Minerven ha entregado la explotación de oro a Mineturven, una empresa conjunta turco-venezolana que opera sin concesión minera, ya que ésta debe ser otorgada por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. El hombre detrás de Mineturven es el colombiano Antonio Rufino Pérez, pariente de la líder política colombiana Piedad Córdoba, que es cercana a las FARC.
«Pérez somete a los empleados de Minerven en la DGCIM (cuerpo de inteligencia militar) y, junto con los líderes de las pandillas mineras y la guerrilla colombiana ELN, se queda con la mayor parte del oro que exporta en vuelos clandestinos», dice De Grazia, varias veces amenazado por sus acusaciones. El ELN, dice, se involucró en 2017, cuando fue reclutado por el régimen para reemplazar a las pandillas mineras más inestables. «Pero el daño económico no es nada comparado con el daño ambiental y social que ha causado el régimen. Es una perversión estructural de la corrupción, el crimen, la violencia y el terrorismo que tardará muchas generaciones en sanar».
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