Medellín, Colombia – Los líderes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pusieron en duda el miércoles cualquier cambio rápido que se avecine para la crisis política en Venezuela y solicitaron urgentemente más recursos globales para atender a los más de cuatro millones de migrantes y refugiados que han huido del colapso de ese país.
El día de la apertura de la Asamblea General de la OEA llega casi tres meses después de que el organismo aceptara a los representantes de la oposición política de Venezuela, expulsando a la delegación de Nicolás Maduro, lo que el presidente venezolano denunció. Pero desde entonces, no se ha producido ningún cambio de poder significativo en Venezuela.
«Para eliminar la dictadura del siglo XXI no existe una fórmula mágica», dijo el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al descartar cualquier posibilidad de intervención militar en Venezuela.
«Esperamos que la presión política continúe acumulándose», añadió.
Almagro dijo que la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela debe ser la prioridad principal de la región.
Sin un final a la vista para la crisis, las naciones sudamericanas se encuentran luchando por mantener a una población cada vez mayor de migrantes venezolanos. Colombia, sede de la Asamblea de la OEA de este año, es la sede de la mayoría de los venezolanos, con cerca de 1,5 millones en la actualidad.
«Tenemos que decir con claridad y énfasis que se necesita más contribución internacional», dijo Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. «El volumen de la crisis crece día a día, la demanda de recursos es cada día más importante.»
Las necesidades del éxodo venezolano, que ahora supera los cuatro millones de personas, ponen a prueba a un país y a una región ya cargados de problemas sociales y de desarrollo que dejan poco espacio para una respuesta sólida a una crisis que se avecina.
Otras necesidades
Las organizaciones civiles dieron a conocer estos temas el miércoles durante una sesión de testimonio de una hora de duración destinada a guiar las prioridades para la elaboración de políticas durante las próximas sesiones. Docenas de grupos señalaron problemas que van desde el acceso restringido al aborto, la representación desigual en el gobierno de las mujeres y las minorías, hasta la violencia en la comunidad.
«Tenemos que eliminar los obstáculos que impiden la maternidad segura, libre de coerción y violencia, con acceso al aborto libre, seguro y legal», dijo Sandra Mazo, de la Coalición por los Derechos Sexuales y Reproductivos, describiendo situaciones en las que los embarazos adolescentes y forzados impiden oportunidades para las mujeres jóvenes, lo que inhibe el desarrollo en las comunidades.
Los grupos religiosos también se pronunciaron en contra de la práctica del aborto y del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.
«La destrucción de la familia natural genera descomposición social», dijo Milagros Aguayo, de la Coalición de Vida y Familia, lo que atrajo a los espectadores, que la ovacionaron de pie. «Esto pone en peligro el desarrollo de nuestras comunidades.»
Los grupos indígenas pidieron que se respete la libre determinación en sus comunidades, que son anteriores a las naciones del hemisferio, y pidieron a los gobiernos que defiendan sus intereses por encima de los reclamos comerciales y de tierras industriales.
Los grupos afrodescendientes denunciaron los asesinatos de líderes comunitarios en disputas de tierras con intereses comerciales, particularmente en Colombia y Brasil. Destacaron la escasa representación de las minorías étnicas en la gobernanza nacional y pusieron en duda la capacidad de la organización para efectuar cambios.
«Parece que este foro podría celebrarse por el mero hecho de celebrarlo, pero sin demasiadas consecuencias», dijo Luis Olave, de la Coalición de Afrodescendientes de las Américas.
Judith Botero, portavoz de la Coalición por la Paz y la Democracia, denunció la violencia contra las personas LGBT y las deficiencias del Estado en el reconocimiento legal de las uniones del mismo sexo.
«No se trata sólo del matrimonio», dijo. «Se trata de los derechos de cualquier pareja, en el cuidado de la salud, legal y financiero. Si no se aplican a todas las personas, no son derechos humanos».
Ante la larga lista de desafíos sociales, una coalición de venezolanos desplazados también pidió medidas para atender las necesidades de la población migrante masiva, desde atención médica y nutrición inmediata hasta programas a largo plazo que los orienten en sus nuevas vidas en el extranjero y les den espacio a los recién llegados a comunidades ya estresadas.
Juan Carlos Viloria, portavoz del grupo, dijo que la prioridad principal debería ser extender el estatus de refugiado legal a todos los venezolanos que huyen, dándoles derecho a servicios receptivos en los países a los que llegan.
«Como todos los demás, queremos que esta migración termine», dijo. «Pero mientras tanto, necesitamos políticas de integración económica para los venezolanos, de esa manera podemos empezar a contribuir al desarrollo de nuestros países anfitriones».
Dejar un comentario