Grupos de derechos humanos demandaron el jueves a la administración del presidente estadounidense Donald Trump por su política de enviar de vuelta a México a migrantes no mexicanos que cruzan la frontera sur en busca de asilo en Estados Unidos para que esperen mientras se procesan sus solicitudes.
La política -conocida como los Protocolos de Protección al Migrante, o MPP, por sus siglas en inglés- anunciada en diciembre, tiene como objetivo reducir el número de familias que solicitan asilo en los Estados Unidos, un proceso legal que puede tomar meses o años.
La demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en California por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones dice que la política pone en peligro a los solicitantes de asilo y viola las protecciones a las que tienen derecho en virtud del derecho estadounidense e internacional.
Existen serias dudas sobre si México puede mantener a salvo a los solicitantes de asilo centroamericanos que huyen de la pobreza y la delincuencia, especialmente en los pueblos fronterizos que a menudo son más violentos que las ciudades que abandonaron.
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Una vez de regreso en México, los solicitantes de asilo podrían esperar meses o años para que sus casos de inmigración sean escuchados. Hay más de 800.000 casos pendientes en las cortes de inmigración.
Aceleración de la represión
La decisión de comenzar a retornar a los solicitantes de asilo no mexicanos a México se produjo cuando Trump intensificó sus esfuerzos para limitar severamente el número de migrantes y refugiados que entran y viven en los Estados Unidos.
El mes pasado, la organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center y otros grupos presentaron una demanda colectiva acusando a la administración Trump de utilizar a niños migrantes detenidos como «cebo» para arrestar a personas indocumentadas.
En enero, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos dijo que el gobierno de los Estados Unidos podría haber separado a «miles» de niños migrantes de sus familias más de lo que se sabía.
La administración Trump implementó una política de «tolerancia cero» para procesar y encarcelar penalmente a todos los indocumentados que cruzan la frontera, incluso a aquellos que viajan con sus hijos, lo que llevó a una ola de separaciones familiares el año pasado.
Pero el auditor dijo en un informe que, antes de la política oficialmente anunciada, el gobierno había acelerado las separaciones por otras razones relacionadas con la seguridad y el bienestar de un niño, incluyendo la separación de los padres con antecedentes penales o la falta de documentos adecuados.
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